La organización para-mafiosa SGAE ha conseguido que sea imposible representar uno de los clásicos de la literatura española. Zalamea utilizará una adaptación de la obra de Calderón de la Barca, para evitar la extorsión anual.
Es cierto que la SGAE no es la única empresa de gestión de derechos que ha pervertido su función para convertir la recaudación de dinero en un fin. Es cierto que el pueblo de Zalamea no es el único sitio en el que se han dado paradojas como que un grupo de vecinos no pueda representar una obra del teatro clásico para promocionar el turismo de su pueblo, sin sufrir las amenazas de esta entidad.
Lo llamativo de esta combinación es que la SGAE no oculta el atropello que realiza de las funciones por las cuales fue creada y que “El Alcalde de Zalamea” es una obra que denuncia, precisamente, el abuso de la clase dirigente hacia el pueblo llano. Por tanto, la decisión del ayuntamiento de Zalamea primero de no pagar el canon y ahora de cerrar la caja usando otra versión, se percibe como un ejemplo de lo que debería ser la resistencia civil a estos ladrones y quienes les amparan.
Los políticos intentan ser discretos, que no se note cuánto roban. Cuando castigan a uno de los suyos es, precisamente, porque su avaricia le lleva a cometer errores y llamar la atención. Los políticos quieren tranquilidad para expoliar a gusto el presupuesto público y por eso apartan a los incontrolados. No para hacer justicia, sino para que no les estropeen el negocio.
Por ello no se entiende la impunidad que los sucesivos gobiernos democráticos han concedido a las entidades de gestión de derechos, en especial a la SGAE, para que hayan impuesto un régimen de terror ciudadano en torno al uso de la cultura. Porque ningún organismo recaudador intimida, invade la privacidad, amenaza, perjudica y acosa al ciudadano de la forma que lo hace esta chusma. Es otro ejemplo perfecto de fascismo progresista en el que, con la excusa de proteger unos supuestos derechos de autor, se ha llegado a un punto en el que la recaudación de dinero es un fin en sí mismo, llegando al extremo de perjudicar incluso a los que se supone que protegen.
Tampoco se entiende que siga habiendo un sector de la población que defienda la existencia y funcionamiento de estas entidades. Que lo defiendan quienes se benefician de su corrupción es lógico, pero ¿qué grado de atontamiento y bobalización es necesario para que lo acepten los propios ciudadanos?
Los profesores ya no saben si animar a sus alumnos a representar obras de teatro, no sea que el presupuesto del colegio se desmorone por una reclamación de esta gentuza. Las parejas ya no saben si contratar una orquesta o poner música en las bodas, no sea que esta chusma les amargue el día, implantando el recuerdo de un sicario grabando el evento para demandarles en los juzgados. Eso es un régimen de terror para enriquecerse, no la defensa de derechos de autor. Por eso podemos llamarlo para-mafioso, porque no parece haber mucha diferencia entre este “impuesto de cultura” y el “impuesto de protección” que los mafiosos pedían a los comerciantes del barrio para “defenderles” de supuestos ataques.
El Alcalde de Zalamea es un clásico de la literatura y es increíble que el Gobierno socialista no haya propuesta ya una modificación de la Ley ante los continuos abusos de esta gente que han llevado, en este caso, a que una joya de nuestra historia y un pueblo unido por algo simpático, tengan que ser noticia por los desmanes de otro Don Álvaro de Ataide, el villano de la obra original.